El gobernador Miguel Riquelme guardó las formas con los alcaldes de oposición. No los hostilizó como Humberto Moreira lo hizo con los del PAN y Rubén incluso con los de su propio partido. Los desaires y desplantes del actual coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados a Jericó Abramo y a Isidro López se los hizo a Saltillo. Para enfatizar su antipatía, no asistió a sus informes, pero sí los espió, la Feria del Libro la trasladó a Arteaga, desvió programas e inversiones, escamoteó participaciones y ceremonias y visitas importantes prefirió celebrarlas en Torreón, Ramos Arizpe y otras ciudades. Riquelme optó por tener la fiesta en paz y mantener los equilibrios regionales. Además, como exalcalde, sabe lo que es lidiar con un lunático. Las circunstancias políticas y presupuestarias tampoco le permitían gastar la pólvora en salvas.
En ese contexto, los alcaldes electos en junio pasado (la mayoría del PRI) asumieron el cargo este 1 de enero. Dos años acompañarán a Riquelme, y uno a quien le suceda en 2023. ¿En qué condiciones tomarán sus respectivos municipios? Antes, una digresión: ninguna ciudad, estado o país es obra de un solo hombre ni se construyen en una sola administración. Pueden mejorar, estancarse o empeorar, eso sí. («Roma —recuerda el adagio— no se hizo en un día»). Ciudades, estados y países son el resultado de la actividad y esfuerzo de generaciones. También de sus Gobiernos, al margen de su signo partidista, con sus aciertos y desatinos.
José María Fraustro recibirá Saltillo con un liderazgo industrial consolidado a través del tiempo, servicios públicos de calidad en términos generales y bien calificado en las mediciones nacionales. Ningún Gobierno empieza de cero ni resuelve todos los problemas. Ser alcalde de la capital tiene la ventaja y desventaja, según se vea, de tener la atención del gobernador, por ser su residencia. Pues, por grande que sea la ojeriza contra el alcalde (como la de Moreira II con Jericó y Villarreal), debe cuidar la seguridad, la infraestructura y la relación con la oligarquía, experta en llevar agua a su molino. La sede de los poderes públicos es el escaparate, la imagen que se ofrece al país. Sobre esa base, con un plan de Gobierno objetivo (no personalista) y con el apoyo de Riquelme, Fraustro puede realizar un buen Gobierno; y también, por qué no, acceder a responsabilidades mayores. Sin embargo, deberá atarle las manos a Aguas de Saltillo. La trasnacional francesa Suez pretende eternizarse aquí (el negocio es lucrativo) pese a quien pese.
El caso de Román Cepeda en Torreón es distinto. Recibirá una ciudad con menos rezagos en obras y servicios de la que asumió Jorge Zermeño, lo cual, de entrada, le quitará presiones. Ganar Torreón le permitió a Riquelme sacarse la espina. Ahora, en la parte final de su sexenio, puede dotar a la ciudad que gobernó entre 2015 y 2017 de la infraestructura urbana necesaria para impulsar su desarrollo. Desatorar el Metrobús Laguna debe ser su primera prioridad. El proyecto no ha pasado de ser un elefante blanco en constante deterioro; mientras más tarde en operar, mayor será su costo económico y político. También falta mucho por hacer en drenaje, pavimentación, alumbrado y equipamiento. La relación del gobernador con el Zermeño fue cordial e incluso ha reconocido públicamente su trabajo. Gesto impensable en los Moreira, quienes preferían dirimir sus diferencias en «el callejón de los trancazos». Con Cepeda habrá mayor colaboración y apoyo, sin duda, pero si el alcalde desea ser tomado en cuenta por Riquelme en la sucesión de 2023, también deberá -como Fraustro- dar resultados en el corto plazo.
CONFIANZA CIUDADANA
Pese a las críticas de los sectores anti AMLO por la supuesta militarización del país y el fracaso de la estrategia contra la delincuencia organizada, el Ejército y la Guardia Nacional (GN) superan en confianza al Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con la clasificación 2020 de Mitofsky. Las dos primeras instituciones figuran en el rango de «confianza alta» con 8 y 7.7 puntos, junto con la Presidencia (7.1). En el nivel medio aparecen la Suprema Corte de Justicia (6.8 puntos), el INE (6.7) y la Policía (6). La franja roja («confianza baja») la comparten los senadores, los sindicatos, los diputados y los partidos, cuyas calificaciones varían de los 5.9 y los 5.3 puntos.
Una encuesta de Sistema de Inteligencia en Mercado de Opinión (Simo) para El País, del 18 de mayo pasado, coincide con la de Mitofsky por cuanto al Ejército y a la Guardia Nacional como las instituciones más confiables entre los mexicanos. El INE sube al tercer lugar en esta pesquisa. Le siguen el Tribunal Electoral, las redes sociales, la Cámara de Diputados y los jueces. Los últimos lugares los ocupan las televisiones, los periódicos y la policía. En las opciones de respuesta «mucho» o «algo», las fuerzas armadas suman el 62%, la GN el 53% y el INE el 50%. El 8% otorgado a los medios de comunicación explica el bajo impacto de las críticas contra el presidente.
La Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci) 2020, presentada por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 24 de marzo de este año, es coincidente con la de Simo/El País. El Ejército y la Marina ocupan el primer lugar (63.8%); la Guardia Nacional, el segundo (60.5%); y el INE (59.6%), el tercero. El 60.2% de la población de 15 años en adelante «está muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país se necesita un Gobierno donde todos participen en la toma de decisiones. Solo el 16.6% estaría de acuerdo con uno encabezado por militares», dice la investigación.
De otro lado, mientras «el 62.2% se pronuncia por un Gobierno encabezado por expertos que tomen las decisiones», el 41.5% apoya a uno «dirigido por un líder político fuerte». Para el 65.2% de la población, la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno, pero el 16.4% considera que «en algunas circunstancias un Gobierno no democrático puede ser mejor. (…) Además, el 52.7% manifestó sentirse muy o algo satisfecho con la forma de Gobierno que se tiene en México y el 46.8% de la población se dijo poco o nada satisfecho. (…) en el rubro de corrupción, 54.2% estimó que es posible disminuir el problema».
AMLO inició su cuarto año de Gobierno con una aprobación del 68%, seis puntos por encima del trimestre junio-agosto, no obstante, las fallas de su administración, según la encuesta de El Universal/Buendía&Márquez publicada el 26 de noviembre. Con respecto a la revocación de mandato, «una amplia mayoría se inclina por que el presidente López Obrador continúe en el cargo. Solo 22% está de acuerdo con que se le revoque por pérdida de confianza». La indagación, junto con las de Mitofsky, El País/Simo y Cultura Cívica, refleja un apoyo consistente a las fuerzas armadas, al jefe de Estado y al INE. Por tanto, la ruta de la confrontación con el presidente, seguida por el órgano electoral (proclive al PRI y al PAN), no es la más sensata, pues pone en riesgo su activo principal: la confianza ciudadana.
CARTEL CON UNIFORME
Fuerza Coahuila —en sus distintas etapas y denominaciones— es la policía siniestra de una mente torcida. Rubén Moreira la anunció a bombo y platillo el 10 de marzo de 2016 en la explanada del Centro de Gobierno. Si el medio es el mensaje, el de Fuerza Coahuila es desde su nacimiento irrefutable: perverso. Las patrullas negras, los agentes con uniformes y máscaras del mismo color y las armas ostentosamente visibles eran para infundir miedo entre la población civil indefensa, no a los carteles de la droga cuyo entrenamiento, capacidad de fuego y sevicia los predispone a la batalla y a la barbarie.
Las masacres en Allende, Piedras Negras y la disolución de cuerpos en el Cereso fronterizo, durante el moreirato, refutan el discurso oficial. La connivencia y las atrocidades se hallan documentadas en el libro «El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011», de los académicos Jacobo Dayán y Sergio Aguayo, presentado en noviembre de 2017. El dosier «Control… sobre todo el estado de Coahuila. Un análisis de testimonios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y del Río Texas», de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, también difundido en vísperas del último informe de Rubén Moreira, hizo añicos el monumento que el megalómano se había erigido de sí mismo como adalid de los derechos humanos.
El 6 julio del mismo año (2017), más de 80 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT), encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, presentaron ante la Corte Penal Internacional la comunicación «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad». Sobre la demanda, Gloria Leticia Díaz escribe: «Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas, Estados Unidos, no solo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad» (Proceso, 08.07.17).
«El Universal» ha vuelto a poner los reflectores sobre ese periodo, el más negro de la historia de Coahuila. Las ocho columnas de este jueves [«Acusan a policías de élite de Coahuila de ser un cártel» (se refiere a Fuerza Coahuila en sus diferentes épocas y membretes)] levantaron ámpula por la consistencia de la investigación de Íñigo Arredondo. Pues además de recordar que el expediente sigue abierto, anticipa acciones contra funcionarios y jefes policiacos del docenio, algunos de los cuales permanecen activos. El 20 de noviembre, «Reforma» tituló su nota principal de la sección Nacional: «Perdona Coahuila masacre en Allende».
Para la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas, y la Fiscalía General de la República, los casos son relevantes, aunque no tengan la misma exposición mediática de otros como el de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Por tanto, tendrán respuesta del Gobierno federal. El gobernador Miguel Riquelme salió al paso para deslindar a la Policía Estatal (una de las caretas de Fuerza Coahuila) de las acusaciones de haber suplantado a Los Zetas. Sin embargo, nada ayuda que un funcionario público —paisano y colaborador de Riquelme—, pluma de clan Moreira, adicto a la empleomanía y a la venta de asesorías al Gobierno, pretenda desacreditar la investigación de «El Universal». La defensa oficiosa refleja preocupación. Bastante fundada, por cierto.
