En tiempos de la presidencia imperial la voz del soberano era inapelable. En Los Pinos se decidían gubernaturas, senadurías e incluso alcaldías. El desafío consistía en conseguir la unción. Lo demás venía por añadidura. Ser candidato hoy no es garantía de nada, pues quienes eligen son los ciudadanos. Cuando la participación en las urnas supera el 60% los partidos pierden el control de los procesos. No existe estructura ni voto duro capaz de contener el impulso de cambio al margen de lo que anticipen las encuestas, máxime cuando algunas todavía son manipuladas y la verdadera intención se oculta.
En las elecciones de 2017, las más cerradas en la historia del estado, las pesquisas de El Financiero y El Universal le concedían al candidato del PRI, Miguel Riquelme, una ventaja de 4% y 6% sobre el panista Guillermo Anaya. Las de Reforma y BCG-Excélsior le otorgaban al candidato opositor cuatro y un punto por encima del oficialista. Al final, Riquelme ganó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un margen del 2.5% entre acusaciones de fraude y compra de votos. La participación en esos comicios fue del 60.5%.
Las elecciones se deciden en las urnas, y a mayor concurrencia de votantes aumentan las posibilidades de alternancia.
Una de las características de la democracia es la incertidumbre, inexistente en la dictaduras —perfectas o no— en las cuales de antemano se conoce el resultado. Ya he contado que, en un recorrido por el capitolio de Austin, Texas, el gobernador Bill Clements le mostró a Óscar Flores Tapia el tablero donde aparecían los nombres de los legisladores y el sentido de su voto. Su homónimo coahuilense replicó: «Ustedes podrán aventajarnos en muchas cosas, pero en esto nosotros los superamos, pues antes de cada sesión ya sabemos cuántos votaron en favor y cuántos en contra, casi siempre ninguno».
Coahuila vuelve a estar en la antesala de las elecciones para gobernador. Uno de los aspirantes es el controvertido empresario Armando Guadiana. Andrés Manuel López Obrador le pagó sobradamente sus servicios en campaña con una senaduría. El escaño lo ha utilizado en provecho propio, según consta en investigaciones periodísticas. Lo suyo no es la política, sino los negocios (el carbón, los contratos, el tráfico de influencias) como lo han denunciado diversos medios de comunicación. Incluso es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por los Papeles de Pandora.
Guadiana es visto con recelo en Palacio Nacional, donde no tiene derecho de picaporte, por sus posiciones contrarias a la Cuarta Transformación. Trató de interceder por el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, cuando estaba en prisión por el caso Agro Nitrogenados, y fracasó. Cree bastarse solo y ser capaz de imponerse como candidato para suceder a Miguel Riquelme. Pero, además, de ganar las elecciones aun en contra de la voluntad del presidente y de los coahuilenses. Su carta de presentación son las encuestas. Es una figura conocida, pues lleva tres campañas al hilo (para gobernador en 2017, senador en 2018 y alcalde de Saltillo en 2021).
También con encuestas en la mano, las cuales le daban ventaja sobre el candidato del PRI, José María Fraustro, Guadiana contrató grupos musicales por adelantado para celebrar su victoria y el día de los comicios se declaró ganador. Como taurófilo, usó el engaño. Fraustro lo superó por casi 50 mil votos y entonces culpó a Morena de su derrota. No se equivoca Ricardo Mejía cuando advierte que Guadiana sería un candidato «a modo», fácil. El Gobierno y el PRI le tienen tomada la medida. En todo. El senador no infunde miedo, sino risa.
«COMPARSA Y ALCAHUETE»
La renuncia de Rodolfo Walss priva al PAN coahuilense de una de las pocas voces críticas —acaso la única— que en otro tiempo distinguieron al partido fundado por Manuel Gómez Morín. El posicionamiento del diputado lagunero frente al gobernador Miguel Riquelme en la instalación de la actual legislatura; la denuncia contra los Moreira ante la Unidad de Inteligencia Financiera por la megadeuda; el plantón en Palacio Nacional para demandar, en una manta, «Coahuila quiere darle bote a los Moreira»; las acusaciones de corrupción en las obras el Metrobús Laguna, en deterioro por falta de uso; y la imaginativa protesta del «Fraudebús» por la cual fue detenido arbitrariamente en Torreón escandalizaron a los cuadros dirigentes de una siglas mimetizadas con las del PRI mucho antes de los primeros atisbos de la alianza para las elecciones del gobernador del año próximo.
El PAN olvida conveniente y chapuceramente las caravanas, las huelgas de hambre y las marchas de líderes como Luis H. Álvarez y Manuel «Maquío» Clouthier para abrir el sistema político. Y en el plano local, las manifestaciones y agresiones del poder contra Edmundo Gurza, Eleazar Cobos, Lorenzo Burciaga y Jorge Zermeño, detenido cuando era candidato a regidor por repartir propaganda. Atribuir el pacto con el enemigo histórico a un estado de ánimo (la desmoralización por las derrotas en las elecciones de diputados y alcaldes en las cuales fue desplazado por Morena como segunda fuerza electoral) es cobarde y propio de espíritus mediocres. La coalición con el PRI es humillante y merece el castigo de las urnas.
Quienes celebran la dimisión de Walss son los beneficiarios en el Gobierno y en el PRI, pero sobre todo en Acción Nacional. La actitud del diputado, por digna, es plausible. El asiento en la legislatura no se lo debe al PAN, sino a los votantes; si por el primero fuera, no habría llegado al Congreso donde la presencia del menor del clan Moreira (Álvaro) es infamante. El festejo de los anodinos puede devenir en fiasco. Walss repudia en su renuncia la coalición electorera, «porque los cimientos de esa posible alianza (con el PRI) son el silencio y la confabulación. La alianza se está construyendo sobre el fango de la corrupción de los últimos 16 años de gobiernos priistas en Coahuila y está basada en la premisa de que, para lograr esa alianza, el PAN no solo tiene que callar ante esas corruptelas, sino defenderlas, asumiéndose por tanto como si fueran propias. Eso para mí no es una alianza, sino complicidad delictiva y, de hecho, la ley no le llama alianza, le llama de otra manera: asociación delictuosa».
Entre la abyección y la posibilidad de salir con la frente en alto para afrontar la embestida mediática, Walss no dudó en optar por la segunda. Dio, además, clase de algo que el PAN ha perdido: autocrítica, dignidad y hombría. «Más allá de estar en contra de la alianza con el PRI, me voy agradecido con el PAN por 18 años de militancia, en donde viví experiencias de todo tipo, aprendí de triunfos y derrotas e hice buenas amistades que seguramente mantendré al margen de la decisión que hoy tomo».
Acción Nacional no perdió votos de balde. El juicio de Walss al respecto es irrefutable y merece ser tomado en cuenta en la próxima cita con las urnas: «El partido con mística, de hombres y mujeres combativos, con una narrativa inteligente y bien construida, el PAN de ideales, de filosofía y valores, ya no existe. Me tocó todavía la época en que el PAN era escuela de ciudadanía con la misión de mover almas y defender causas ciudadanas; hoy, veo con tristeza que el partido parece haber renunciado a ellos para asumir el papel de comparsa y alcahuete».
ENTRE ABOGADOS DE TE VEAS
Las ceremonias del Día del Abogado (12 de julio) fueron políticas. La de Saltillo la organizó el Colegio de Abogados de Coahuila y la de Torreón, el Colegio de Abogados de La Laguna (CAL), a la cual, por protocolo, no se invita a las autoridades. El protagonista del desayuno en Saltillo, en el ostentoso Villa Ferré, fue el gobernador Miguel Riquelme; y en el acto de la metrópoli lagunera, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El divisionario recibió la presea Defensor del Pueblo, concedida por la Comisión de Honor y Justicia al Ejército Mexicano «por su labor en la seguridad pública y en la defensa de los derechos humanos (manifestada) en la diaria actuación de todos los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional».
El papel de coprotagonistas lo desempeñaron, el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, delfín del gobernador, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, aspirante de Morena a la candidatura, quien acompañó a Sandoval en el viaje de ida y vuelta. El CAL, cuyo presidente es el activista Fernando Todd, otorgó en 2020 la presea «Juan Antonio García Villa» al funcionario amlista por su desempeño como legislador federal. La premiación no pudo llevarse a cabo por la pandemia, pero esta vez la recibió en el auditorio de la Universidad Autónoma de La Laguna (lleno hasta el tope). Riquelme y el CAL placearon a sus favoritos para las elecciones de 2023. La cobertura mediática fue limitada en ambos casos. Más en la ceremonia alterna, no obstante, la presencia del general secretario.
En el evento oficial se entregaron reconocimientos a la trayectoria y al «mérito jurídico». Este lo recibió el cacique y enchufista Jesús Sotomayor a quien, como presidente de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia en Torreón, se le vinculó con el fraude de créditos del Infonavit, escándalo aún impune. La procuración y administración de la justicia es uno de los negocios más lucrativos y menos riesgosos en nuestro país. Además, permite relacionarse con mafiosos y empresarios sin escrúpulos.
El CAL entregó la presea «Jorge Mario Cárdenas» a Ricardo Sánchez y a Juan José Rojas por su desempeño en la docencia; la «Juan Puente Flores», a José Alberto Palacios debido a «singular manejo como abogado postulante»; la «Rodolfo González Treviño», a Carlos Román Cepeda por su ejercicio como notario público; y la «Braulio Fernández Aguirre», a Cintia Cuevas, en su caso por su «atinada función como en el servicio público». La presea de Defensor del Pueblo correspondió el año pasado al obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, siempre incómodo para el poder.
Entre las celebraciones de Saltillo (8:30 a. m.) y Torreón (12:30 p. m.) mediaron más de tres horas, tiempo suficiente para que el gobernador Riquelme hubiera acompañado al secretario de la Defensa. Si por costumbre el CAL no invita a autoridades, a menos que sean premiadas, entonces faltó le diplomacia; y al Gobierno, operación política. En casos como este, las ausencias se prestan a malas interpretaciones, máxime cuando la animadversión entre las autoridades federales y estatales es manifiesta. La Universidad Autónoma de La Laguna es la menos culpable de esta situación. Las presiones por haber facilitado su auditorio resultan, además de censurables, fuera de lugar. Nadie es profeta en su tierra. El Día del Abogado reafirmó dos tendencias claras e irreductibles para las elecciones del año próximo: Jiménez es el favorito de Saltillo; y Mejía, el de La Laguna. No hay más.
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