La sucesión adelantada sigue su curso sin variar el rumbo de colisión. El gobernador Miguel Riquelme cuida día y noche a su delfín Manolo Jiménez. Fuera del diputado federal Jericó Abramo, en el PRI todo el mundo acogió la línea sin chistar. El favorito del proyecto transexenal no tiene competidor a la vista, y la fotografía con Jericó le quita un peso de encima. La candidatura de Morena se la disputan el senador Armando Guadiana, el exdiputado federal panista Luis Fernando Salazar y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. Resuelto Estado de México por Delfina Gómez, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, la decisión en Coahuila se pospuso para octubre por razones obvias.
Jiménez es el político más protegido y con mayor exposición mediática después del gobernador. Desde la Secretaría de Desarrollo Social maneja la estructura electoral y la relación con los grupos económicos y sociales del estado. El objetivo no es otro que ganar las elecciones del 4 de junio de 2023 a toda costa, pues la candidatura ya la tiene como en la bolsa. Para reducir el hándicap, Mejía, Guadiana y Salazar promueven su imagen por los medios a su alcance, pero quien más gasta en redes sociales es el expanista. Mejía prefiere los espectaculares.
El carácter bufo y la retórica vacua y desgastada de Guadiana no lo favorecen («El estilo es el hombre», recuerda el periodista español Javier Pérez Arroyo). Mejía aprovecha los fines de semana para asistir a comidas y reunirse con empresarios, alcaldes y diputados de Morena, disidentes del SNTE y otros gremios de raíz priista. Si Riquelme cobija a Jiménez, el presidente López Obrador hace lo mismo con Mejía, encargado de la sección «Cero Impunidad» en las mañaneras de los jueves. Antes de su encuentro con Manolo, Abramo ya había moderado su discurso. Dejó de hablar de sus aspiraciones —sin renunciar a ellas— y de acusar a la cúpula de antidemocrática. Sus últimos mensajes en redes sociales fueron para informar de su trabajo —«serio, honesto y responsable en favor de Coahuila y de su gente»— en la Cámara Baja.
Con la nominación de la secretaria de Educación Pública en Estado de México, Morena queda en libertad de postular a un hombre en Coahuila de acuerdo con la norma constitucional en materia de paridad de género y los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizarla. El líder del PAN, Marko Cortés, anunció el 5 de agosto que el exalcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, será su candidato en Edomex. También lo sería del PRI y el PRD, bajo el paraguas de la alianza «Va por México», al no contar con un aspirante varón competitivo.
La circunstancia complica la sucesión local. Si en Edomex la coalición se decanta por Vargas, como lo exige Marko Cortés, líder del PAN, en Coahuila tendría que candidatear a una mujer. El problema es que ninguna de las tres formaciones del bloque dispone de figuras femeninas capaces de ganar unas elecciones altamente competidas. La salida para no arriesgar la postulación de Jiménez consiste en que el PRI nomine en Edomex a una mujer fuera de la alianza. Coahuila y Estado de México son las únicas entidades donde jamás ha habido alternancia.
En caso de que el PRI y el PRD acepten la candidatura de Vargas para no romper el frente opositor, y junto con el PAN también postulen a Jiménez, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomarían cartas. El compromiso de ambas instituciones con la paridad de género es inapelable. El PRI no estaba preparado para un escenario así, pues rompe los esquemas de una sucesión pactada.
PAZ Y CONCORDIA
La ola de violencia en el país demuestra que el crimen organizado no entiende otro lenguaje que el de las armas. Los hechos recientes en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, donde las bandas dirigieron sus ataques contra civiles, tienen el propósito de infundir terror entre la población, provocar a las autoridades y exhibir su incompetencia. Cuando se cruza esa línea, como sucedió en Colombia, donde los carteles de la droga recurrieron a la misma táctica, la delincuencia empieza a perder base social y el Estado a avanzar. Atribuir al narcotráfico algún carácter benéfico es demencial. El disimulo pasa factura tarde o temprano y los costos son cada vez más elevados.
El Gobierno de la Cuarta Transformación no está dispuesto a variar los fundamentos de su estrategia de seguridad, cuyo resultado, en casi cuatro años de gestión, es nulo. Las estadísticas y la descomposición del país son irrefutables. La propuesta de «abrazos, no balazos» del presidente Andrés Manuel López Obrador responde a la política de enfrentamiento directo implantada por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto sin medir consecuencias. En ninguno de los casos surtió efecto, pues el número homicidios y de bajas civiles se disparó y la crisis se agravó. La ruta de aniquilamiento provocó masacres como la de Tlatlaya, la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa e innumerables violaciones a los derechos humanos.
La idea de someter la Guardia Nacional al control del Ejército busca dar continuidad a un proyecto imposible de cumplir en un sexenio. Sin embargo, una mayor militarización, así sean las fuerzas armadas las instituciones más confiables del país, genera temores y sospechas fundadas. Máxime cuando la escalada de violencia parece no tener fin. La estrategia no puede cambiarse por presión de los grupos de interés o de la «comentocracia» adversa al presidente, pero tampoco actuar como si tal cosa. La mejor forma de enfrentar la crítica —fundada o no— es con resultados, pero hasta el momento no los hay.
El fenómeno de la inseguridad tiene raíces profundas y es consecuencia de décadas de simulación. Los barones de la droga actuaron a ciencia y paciencia de quienes debían combatirlos y su dinero circuló por empresas y partidos. Sin el amparo y complicidad de autoridades federales, estatales y municipales los carteles no habrían adquirido el poder económico y de fuego que hoy ostentan. Jean-François Boyer aborda esa relación en «La guerra perdida contra las drogas: Narco dependencia del mundo actual» (Grijalbo, 2001). Veintiún años después de la publicación del libro, las cosas son peores. El error de Calderón y de Peña consistió en atacar solo los efectos del problema. Descabezar a los grupos criminales provocó su reproducción. Los carteles se multiplicaron y la violencia salió de control.
López Obrador identifica como causa de la expansión de las organizaciones criminales a la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción. El diagnóstico tiene sustento. Sin embargo, las acciones emprendidas por su administración para afrontarlas, como la entrega de subsidios a los sectores más necesitados y a los jóvenes, desatendidos por los gobiernos precedentes, así como la creación de la Guardia Nacional, tampoco han generado los cambios esperados. Es inaplazable que la federación y los gobernadores —la mayoría ya son de Morena— asuman su responsabilidad y establezcan bases de cooperación y coordinación para restablecer no solo la paz, sino también la concordia.
RELEVO EN LA ASE
Una de las causas por las cuales la fiscalización del uso de los recursos públicos genera insatisfacción entre la ciudadanía, y la corrupción y la impunidad persisten, es la que autonomía de las auditorías superiores —a escala federal y estatal— es solo técnica, presupuestaria y de gestión. Mientras no se les faculte para sancionar a los funcionarios venales y las conductas ilícitas, las observaciones y denuncias quedarán al arbitrio de los políticos y de las fiscalías sometidas a ellos. Resulta paradójico que antes de existir una estructura costosa, orientada a combatir el robo a las arcas y otras formas de atraco, existiera menos corrupción o, al menos, no fuera tan evidente y obscena como es ahora.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados en diciembre de 2000. Una reforma de 2015 creó el Sistema Nacional Anticorrupción y dio pie a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Los estados modificaron sus constituciones y homologaron su marco legal. La ASE y sus equivalentes en los estados auditan a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos constitucionales autónomos, así como a los estados y los municipios.
Los titulares de las auditorías son elegidos por las dos terceras partes de los diputados presentes y su periodo es de ocho años con la posibilidad de una reelección. Ninguno de los dos primeros auditores nombrados por la Cámara Baja (Arturo González de Aragón y Juan Manuel Portal) se postuló para un segundo periodo, pues, a pesar de su aceptable desempeño, los partidos tenían otros candidatos. David Colmenares Páramo, auditor de turno, no ha dado resultados y los avances logrados por sus predecesores para consolidar la institución se hallan en franco retroceso. Después de advertir sobre la opacidad en la contratación de obras de infraestructura, en los programas sociales del Gobierno federal y de un sobrecosto en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, Colmenares dobló las manos.
En el caso de Coahuila, la Auditoría Superior del Estado (ASE) está a punto de cambiar de titular tras la renuncia de Armando Plata Sandoval, quien primero fungió como contador mayor de Hacienda y los últimos ocho años los ejerció de auditor. Lo mismo que González y Colmenares en la ASF, Plata decidió no presentarse para un segundo periodo, no obstante que, a diferencia de sus exhomólogos federales, podría haber sido reelecto. Tenía los votos suficientes. El auditor estatal afrontó momentos difíciles, algunos derivados de presiones políticas. Presentó denuncias por la megadeuda y las empresas fantasma, las cuales, como es sabido, duermen el sueño de los justos. El saldo de su gestión no conforma a todos, pero es positivo. Pudo mantener el equilibrio y entregará una de la auditorías más productivas y mejor calificadas del país.
El Congreso local tiene la responsabilidad de nombrar un relevo cualificado y con independencia. La ASE es una institución sólida —con servicio civil de carrera— y debe conservar su carácter técnico, su autonomía de gestión e, idealmente, ser dotada de mayores atribuciones para atacar la venalidad a fondo. Así sus resultados podrán ser apreciados por una sociedad justificadamente escéptica, sobre todo después del «moreirazo». La Fiscalía Estatal Anticorrupción es pura simulación. El periodo de quien reemplace a Plata comprenderá un año con el actual gobernador y abarcará todo el Gobierno siguiente, sea del PRI o de Morena. Algo también para tener en cuenta.
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