Julián Parra Ibarra
Durante la mayor parte del 2022, a nivel nacional uno de los principales debates se centró en la intencionalidad de desaparecer tal cual lo conocemos, al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que provocó una férrea defensa de éste por parte de una gran parte de la sociedad por considerar que es el último organismo autónomo que no ha sido sometido por el Ejecutivo, como sí lo habían sido los otros poderes, el legislativo y el judicial, además de órganos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La intencionalidad de los cambios propuestos por el ejecutivo, significaban un retroceso de por lo menos tres décadas, para que las elecciones en este país, volvieran a quedar en manos y bajo el control del gobierno, de un solo hombre, como se hizo históricamente hasta la elección presidencial de 1988 cuando, gracias a la ‘caída del sistema’ implementado por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, llegó a la Presidencia Carlos Salinas de Gortari.
Bajo el lema de ‘El INE no se toca’, la lucha se dio en todas las trincheras, a través de los medios, de las redes sociales mayoritariamente, hasta la marcha multitudinaria en la capital del país, y en no pocas ciudades de todo el país. La última batalla se centró en el Congreso de la Unión, y en virtud de que se advertía que la iniciativa del ejecutivo no pasaría, desde presidencia se dijo que, si ello sucedía, irían por su ‘Plan B’, y así sucedió.
Aparentemente el INE finalmente no será modificado como se pretendía, pero dentro del nuevo plan, basado en modificaciones a leyes secundarias, ha sido tan o más demoledor que la iniciativa inicial, porque la reforma de la Ley de Comunicación Social, condena a la desaparición a la mayoría de los medios de comunicación existentes en el país, lo que traería como consecuencia la desaparición de espacios a través de los que la sociedad civil, los organismos no gubernamentales y aún los entes públicos como las universidades, así como los gobiernos locales, estatales y municipales y los congresos, pueden tener contacto con sus gobernados.
La reducción por decreto del presupuesto de todos los entes públicos destinado a la Comunicación Social al 0.1 por ciento se traduce en la virtual desaparición de un sector importantísimo en cualquier democracia, la desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas de comunicación, y con ello el lanzamiento a la calle de cientos, miles de familias a lo largo y ancho del país.
¿Se imagina usted un país supuestamente democrático sin medios de comunicación donde sea escuchada una sola voz? ¿Imaginemos un día, sólo un día sin medios de comunicación? Pero lo que está ocurriendo es sumamente preocupante porque no sería solamente un día, sino la desaparición de casi todos los medios; quedarían solo unos cuantos y condicionados para poder sobrevivir, a determinados lineamientos marcados desde el poder.
Entre ‘los de abajo’, hay una gran preocupación por lo que está pasando, sobre todo porque los grandes medios no han reaccionado a esta modificación a la Ley, el tema no ha sido socializado como para que se difunda de tal manera que toda la sociedad sepa lo que está pasando y el riesgo que existe en un nuevo atentado contra la incipiente -y hasta endeble-democracia mexicana.
De igual forma, preocupa que las organizaciones periodísticas internacionales y nacionales (como la Sociedad Interamericana de Prensa, Artículo 19 y muchos otros más) no se hayan manifestado ante una medida que es aberrante y que al final del día nos dañaría a todos como sociedad, porque es un criminal atentado contra la democracia.
Porque así interesa a las más altas cúpulas políticas del país, muy poco o nada se ha ventilado aún en los medios de comunicación. Algunos actores políticos y columnistas han reaccionado débilmente. Partidos políticos hablan de recurrir al amparo por diferentes vías, lo cual sería un camino azaroso y tardado al grado que, aunque se lograra el objetivo, podría conseguirse cuando ya la mayoría de los -sobre todo- pequeños y medianos medios de comunicación, hayan desaparecido. Son una especie en vías de extinción.
Nadie, ni los grandes ni pequeños medios de comunicación, podrían sobrevivir sin los ingresos que tenían de acuerdo a lo establecido en la ley con base en los convenios publicitarios con los entes públicos. El problema es serio, más grave de lo que parecería. Es simple y llanamente, la desaparición de los medios de comunicación, un gremio que es tan importante para nuestra democracia, que el mismo INE.
@JulianParraIba
