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LOS TREVIÑO MORALES ANTE LA JUSTICIA: EL CASO ALLENDE, COAHUILA, SIGUE MARCADO POR LAS DESAPARICIONES/Dra. Lucina Ramírez de Hernández

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El eventual arrepentimiento de los exlíderes de Los Zetas contrasta con el dolor de las familias que, desde marzo de 2011, buscan respuestas sobre sus seres queridos.

Torreón, Coah. 15 noviembre 2026.

Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, y su hermano Óscar Omar Treviño Morales, alias Z-42, dos de los principales dirigentes de Los Zetas, vuelven a estar en el centro de la atención por su situación ante la justicia estadounidense.

En medio de las actuaciones judiciales y de las versiones sobre posibles expresiones de arrepentimiento, el caso revive una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con las familias que fueron víctimas de la violencia atribuida a esta organización criminal?

Uno de los episodios más graves ocurrió en marzo de 2011, en el municipio de Allende, Coahuila, donde integrantes de Los Zetas perpetraron una operación de violencia y represalia que derivó en desapariciones de personas, destrucción de viviendas y afectaciones a numerosas familias.

De acuerdo con la documentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los hechos investigados entre el 18 y el 20 de marzo de aquel año incluyeron la destrucción de inmuebles y la privación ilegal de la libertad de habitantes de la región.

Las investigaciones y reconstrucciones posteriores también documentaron posibles responsabilidades de servidores públicos municipales y la participación de integrantes de la organización criminal.

Las cifras de víctimas han sido objeto de controversia. Mientras las autoridades estatales informaron inicialmente de 28 personas desaparecidas, investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos han señalado que la dimensión de los hechos podría ser mayor.

UNA HERIDA QUE NO SE CIERRA

A más de quince años de aquellos acontecimientos, Allende continúa siendo un referente de la violencia criminal y de las exigencias de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

La eventual consideración judicial que puedan solicitar los hermanos Treviño Morales corresponde a los tribunales estadounidenses. Sin embargo, cualquier valoración sobre su conducta deberá considerar también la dimensión de los daños ocasionados y los derechos de las víctimas.

Para las familias afectadas, el paso del tiempo no ha significado el fin de la búsqueda ni la desaparición del dolor.

El caso Allende mantiene vigente una exigencia fundamental: esclarecer los hechos, determinar todas las responsabilidades y garantizar justicia para quienes sufrieron las consecuencias de aquella violencia.

La justicia también debe mirar a las víctimas y a las familias que todavía esperan respuestas.